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La diputada Meier propone gravar grandes extensiones agropecuarias con un plus al Inmobiliario Rural para crear un fondo alimentario

Por Luis Bastus

Mercedes Meier: “El 7 por ciento de los dueños tiene el 42% de la tierra”.

En Santa Fe, donde el 42 por ciento de la tierra productiva está en manos de sólo el 7 por ciento de las explotaciones agropecuarias, irrumpió en la Legislatura un proyecto de ley para crear un impuesto al latifundio. Implicaría encarecer de 30 a 40% el Inmobiliario Rural para los dueños de grandes extensiones, determinadas según la zona. Lo recaudado integraría un fondo para afrontar urgencias alimentarias de la población santafesina.

La diputada Mercedes Meier, autora del proyecto, citó la actualización 2014 del censo agrario y destacó que 1.983 establecimientos concentran 4.601.849 hectáreas, mientras que las restantes 6.2356.842 has de la geografía productiva se reparten entre 24.724 chacareros. Hay 21 terratenientes o empresas que poseen estancias de más de 20.000 has, otros 51 con más de 10.000 has cada uno, y otros 37 con campos de 7.500 has o más. En resumen, 109 establecimientos rurales (0,4%) acaparan el 15,1% de la superficie agropecuaria santafesina. Por otra parte, hay 540.265 has en manos extranjeras, el 4,21% del total, sobre todo en los departamentos Garay, Vera y 9 de Julio. “No es casualidad que coincida esto con las regiones más pobres, donde están las extensiones más grandes pero la menor cantidad de pobladores, con las comunidades originarias relegadas a pequeños poblados, la mayoría sin tierra donde poder trabajar, una agricultura sin agricultores”, comparó la legisladora del Frente Social y Popular.

Por lo tanto, en la penúltima sesión ordinaria ingresó esta iniciativa al circuito de comisiones sólo acompañada con la firma de su compañero de bloque, Carlos Del Frade, quien deberá impulsarlo el año próximo para tratar de que no naufrague sin tratamiento y pierda estado parlamentario. Es que Meier cumplirá su mandato el 10 de diciembre.

El gravamen propuesto aplicaría un adicional del 30% del inmobiliario rural para “propietarios de nacionalidad argentina que sean personas físicas”; 35% para “personas jurídicas” y 40% para “los titulares de nacionalidad extranjera”.

Y la forma de determinarlo es la calidad productiva de la tierra, según el mapa de división del valor de la tierra que hace la Compañía Argentina de Tierras. A partir de los campos de más de 10.000 has, como en los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado, o desde las 800 has en el caso de regiones como San Jerónimo, Las Colonias, o desde 500 has para los departamentos Villa Constitución, Belgrano, Caseros (ver aparte).

“Creemos que es necesario ir a buscar la riqueza en quienes la concentran y son los grandes ganadores de este modelo, como es el caso de los terratenientes”, señaló Meier.

Meier entiende que en la realidad hay maniobras -subdivisiones, testaferros- para eludir una ley como la que propone, “pero si no hacemos esto, entonces nunca regulamos nada”, insistió. Además, observó que el impacto del Inmobiliario Rural entre los contribuyentes exhibe cierta progresividad desde la base, pero se ameseta al llegar a los propietarios de mayor envergadura. “Los más grandes pagan muy poco respecto de los otros, así que este proyecto pretende mejorar progresividad, que sea más equitativo”, explicó.

La iniciativa parlamentaria culmina con el destino de esa recaudación extra: “Un fondo provincial para resolver falencias alimentarias de las familias santafesinas”, concluye. “Es que en el país de las cosechas récord, se vive una pobreza y un hambre record”, remarcó Meier.

La legisladora asumió que la tarea de construir consensos para avanzar con el proyecto todavía no está hecha, pero quiso ingresarlo en la agenda legislativa antes de dejar su banca, según explicó a Rosario/12.

Imponerlo será todo un desafío para Del Frade; y mucho más si llega al Senado, donde la territorialidad de sus miembros es bien explícita. No olvida Meier la reiterada indiferencia de sus pares y del gobierno de Miguel Lifschitz para intentar cobrarle Ingresos Brutos a las agroexportadoras del mayor polo aceitero del mundo, que siguen eximidas de ese tributo.