La propuesta de modificaciones al régimen pesquero enmarcada en la “Ley Ómnibus” ha activado todas nuestras alarmas. Si esta reforma avanza, condenará a nuestra industria pesquera en su totalidad, provocando la pérdida de miles de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, y generará consecuencias económicas y sociales incalculables.

La semana pasada, en Mar del Plata, epicentro nacional de la pesca, se realizó un encuentro convocado por el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, donde participaron funcionarios, cámaras empresariales y sindicatos del sector. Allí se expresó la profunda preocupación que generan las modificaciones propuestas en la Ley de Pesca. En el mismo sentido se manifestaron los gobernadores patagónicos.

En respuesta a la queja generalizada del sector, el ministro del Interior, Guillermo Francos, anunció “clarificaciones” y la necesidad de analizar todos los aspectos de la Ley. Sin embargo, las declaraciones ambiguas dejan un halo de incertidumbre sobre la posible reversión de las modificaciones.

En este contexto, hacemos un llamado a la población marplatense para que permanezca alerta y movilizada. Las declaraciones de funcionarios del gobierno nacional continúan generando preocupación, y etiquetarlas como “muy positivas” podría acarrear riesgos.

Instamos al intendente municipal, Guillermo Montenegro, y a los funcionarios municipales a actuar con cautela en este sentido. Su apoyo a la política del gobierno de Javier Milei no debe mellar ni atenuar su crítica al proyecto de modificación del régimen pesquero, especialmente en lo que refiere a la entrega de las cuotas a empresas extranjeras. Su posición debe de ser clara y sin ambigüedades, para no confundir a la ciudadanía,

Es esencial ser claros en un punto: no podemos descansar hasta lograr la derogación completa de los 12 artículos referentes a la pesca que contiene el capítulo 3 de la “Ley Ómnibus”. No puede haber medias tintas en este sentido. Esta es la base para repensar soberanamente nuestra pesca. Nada bueno puede surgir de esta imposición, teñida de improvisación, desconocimiento y parcialidad orientada a satisfacer intereses foráneos.

Creemos que la actual Ley Nacional (24.922) requiere una revisión integral. Sin embargo, esta reforma, que debería suceder durante 2024, debe ser el producto de un debate amplio y democrático que incluya a todos los sectores y sea sometido a la voluntad popular a través de los canales institucionales. Abogamos porque esta revisión transite en una dirección opuesta a la propuesta de modificación del gobierno, centrándonos en la industrialización, el cuidado del recurso, el estímulo al consumo interno, la transparencia en asuntos laborales la registración laboral, la renovación de la flota y aspectos tributarios, y especialmente la afirmación de la soberanía sobre el mar argentino.

En el ranking exportador, la pesca oscila entre el 6 y el 9 puesto. Sin embargo, no hay conciencia de la importancia del sector por parte de la opinión pública. Ni siquiera en las ciudades pesqueras se ha construido una conciencia ciudadana en este sentido. Esta crisis es una oportunidad para revertir esta situación. ¿Por qué sucede esta lejanía? Creemos que tratar a los productos pesqueros como meros commodities de exportación desestimula el consumo interno, y esto está en el centro de la explicación. Nadie protege ni defiende lo que no conoce. El consumo nacional de pescado está muy por debajo del promedio mundial e incluso regional. Los productos pesqueros nunca llegaron a constituirse como un componente importante de la dieta cotidiana de la población argentina. Esta es una situación que debe revertirse.

La propuesta de modificación del régimen pesquero propuesto por el gobierno de Javier Milei es una entrega descarada de nuestra pesca, liberando a las empresas de utilizar puertos y tripulaciones argentinas. Recursos nacionales entregados, sin reparos, a licitaciones internacionales. Exime de la obligación de procesar el pescado en plantas argentinas, evitando así el pago de retenciones y destruyendo el sistema productivo y laboral. Desincentiva y aniquila definitivamente la industria naval.

Son escasos los países en el mundo que adoptan este tipo de política, y suelen ser economías primarias con bajo nivel de industrialización. La lista incluye a países como Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá y República Dominicana, y algunos países africanos. Sin embargo, en estos casos, al menos se exige a los contratistas que industrialicen en su territorio, mientras que en Argentina ni siquiera eso se contempla. Con alrededor de 500 buques, 150 establecimientos y alrededor de 40 mil empleos en juego, la amenaza de quiebra es inminente, transformando el mar en tierra de nadie.

Además, se plantea la cuestión geopolítica, con el Reino Unido ocupando más de la mitad de nuestra zona de exclusión marítima. La posibilidad de que empresas británicas participen en licitaciones y pesquen en la zona ocupada plantea interrogantes que aún no tienen respuestas claras, poniendo en riesgo nuestra soberanía y pisoteando la memoria de nuestros héroes de Malvinas.