En el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se devela una vez más la figura de los jubilados como la variable principal en el ajuste propuesto por el gobierno de Milei. Este enfoque proyecta la continuación de una tendencia preocupante. 

El gasto previsional, componente esencial del rubro Prestaciones Sociales y representando poco más de la mitad del gasto público nacional, se convierte en la obsesión de los impulsores de un ajuste fiscal regresivo. La estrategia conservadora ha tenido éxito al dirigir la crítica hacia este sector, presentándolo como una fuente de inestabilidad económica, con la ecuación simplista de “déficit + emisión = inflación”.

El gobierno de Alberto Fernández, enfrentando la herencia económica de la administración anterior, aplicó ajustes sobre los haberes jubilatorios superiores al mínimo. Sin embargo, la aceleración de la inflación dejó rezagada la actualización de los montos. Aunque se implementaron bonos como medida paliativa, estos solo alcanzaron a los haberes mínimos. 

La gestión actual, encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, anuncia medidas para alcanzar un superávit fiscal primario equivalente al 2% del Producto Interno Bruto (PIB), donde se destaca la reducción del gasto previsional en un 0,5% del PIB. Sin embargo, las contradicciones entre preservar el valor real de las jubilaciones y aplicar un ajuste generan incertidumbre sobre el destino económico de los jubilados.

El economista Emmanuel Álvarez Agis arroja luz sobre estas contradicciones, estimando una posible reducción del valor real de las jubilaciones en torno al 12%, considerando un retroceso del PIB del 3,5% en 2024. Este escenario proyecta una pérdida significativa en el poder adquisitivo de los jubilados, marcando un hito negativo en la evolución histórica de los haberes.

La reforma previsional propuesta por Milei incluye la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional (FGS-Anses). La ley ómnibus plantea desviar los títulos públicos y vender participaciones accionarias en empresas privadas cotizantes. Este desmantelamiento del reaseguro del sistema jubilatorio estatal suscita preocupaciones sobre su impacto en la seguridad financiera de los jubilados.

El exejecutivo del Banco JP Morgan, Pedro Quirno Magrane, defiende esta liquidación argumentando que el FGS-Anses no es un fondo anticíclico. Sin embargo, expertos señalan que este fondo es vital para la sustentabilidad del sistema previsional, actuando como contracíclico y generador de empleo a través de inversiones productivas.

En la exposición ante Diputados, Quirno Magrane subvalúa el activo disponible en acciones de empresas privadas que conforman el FGS-Anses. Estas acciones, que representan el 15% del fondo, incluyen participaciones significativas en empresas como Banco Macro, Edenor, Gas Natural Ban, y otras. La megadevaluación del pasado diciembre impactó en el valor en dólares de esta cartera, pero persiste la posibilidad de esperar su recuperación antes de tomar decisiones apresuradas.

Contrario a la retórica privatizadora de las jubilaciones, se destaca el papel positivo del FGS-Anses durante la gestión 2019-2023. Este alcanzó su valor más alto en la historia, incrementó el financiamiento de proyectos productivos, priorizó la inversión en pymes y relanzó créditos para jubilados y pensionados, convirtiéndose en el principal otorgador de créditos personales del sistema.

En el gobierno de Macri (2015-2019), el valor del FGS disminuyó casi a la mitad, señalando una pérdida del 47%. Sin embargo, durante los últimos cuatro años, se logró recuperar y superar su pico anterior, alcanzando en noviembre de 2023 el valor más alto de su historia con 76 mil millones de dólares.

La conceptualización errónea de “la plata de los jubilados” como un conjunto estático de recursos es desafiada. Se destaca que el sistema previsional, en su esencia de reparto, depende del crecimiento económico y la generación de empleo registrado. La concepción liberal de las cuentas individuales de jubilación se contrapone a la visión de un Estado comprometido con una política integral e irrenunciable de seguridad social.

En conclusión, el ajuste previsional propuesto y la liquidación del FGS-Anses plantean desafíos profundos para el bienestar de los jubilados y la estabilidad del sistema de seguridad social en Argentina. La revisión de estas políticas se torna imperativa para asegurar un enfoque más equitativo y sostenible para los años venideros.