UN RECORTE A LA DEMOCRACIA

Sobre la Reforma del Código Penal
Por Matias Maciel
Referente del PTP Mar del Plata

 

Limitan los alimentos, la educación, la salud y el trabajo. Ahora quieren limitar la protesta y culpabilidad a los inmigrantes de la situación.

El gobierno apura el debate legislativo del nuevo código penal. El proyecto, que enviara el ejecutivo al parlamento nacional, tiene entre sus objetivos más importantes limitar la protesta social y perseguir a los inmigrantes.

No es de extrañarse. Macri y su gobierno tienen a la represión, la persecución y la estigmatización entre sus prioridades desde que asumieron la gestión gubernamental. Patricia Bullrich, el brazo armado de esta política, despliega de una manera despiadada y antidemocrática su mensaje xenófobo y fascista. Justificó, desde su cargo, todos los actos represivos, incluso asesinatos a sangre fría como el de Rafael Nahuel. Las tareas de infiltración a la protesta se gestan desde el mismo ministerio para justificar verdaderas cacerías.

La comisión encargada de escribir el proyecto de reforma del Código Penal, es encabezada por el camarista Federal, Mariano Borinsky. En recientes entrevistas el juez plantea abiertamente la necesidad de limitar y regular los cortes de calles. Las penas por “detener o entorpecer” el transporte público o privado aumentan considerablemente.

La protesta social crece. Argentina es uno de los países del continente que más manifiesta su descontento social en el ámbito público. Esto es visto por los sectores de poder como una gran amenaza, como una extorsión. En realidad es una muestra de la vocación democrática y participativa de nuestro pueblo. El derecho a protestar es un derecho constitucional. Es la posibilidad que tenemos como sociedad de manifestar nuestras opiniones. Más en un sistema institucional alejado y cerrado al protagonismo popular.

La protesta crece porque los “responsables del orden” están desorganizado la sociedad de tal manera que millones no cubren siquiera su alimentación. Crece porque los prolijitos de cambiemos, que se llenan la boca de orden y funcionamiento, no pueden garantizar los servicios básicos de salud y educación. Crece porque los argentinos y argentinas vemos como hipotecan el futuro del país con el crecimiento del endeudamiento externo que ya supera el 77% del PBI. Crece porque se trabaja para ganar menos con una inflación y tarifazos cada vez mayores. Crece porque se desarrolla un modelo extractivista de saqueo y contaminación. Crece porque nuestro sistema institucional le da la espalda a la sociedad en nombre de intereses corporativos como sucedió en las últimas votaciones en el parlamento.

La contracara, del crecimiento de la protesta, es el aumento de la represión. Según un informe de criminalización de la protesta social, realizado por LIBERPUEBLO y el observatorio de la CTA A, en el 2017 hubo 514 detenciones en 58 hechos represivos. Muchas de ellas realizadas por las fuerzas de seguridad lejos del lugar de protesta. Un año antes las detenciones en hechos de represión a la protesta habían contabilizado 269. Es decir, casi el doble.

En sintonía con el discurso xenófobo y racista del gobierno y de senadores como Miguel Ángel Pichetto, el proyecto elaborado, avanza contra los inmigrantes. Establece una figura agravada para migrantes que usan documentación falsa y para quienes incumplan la prohibición para ingresar a la Argentina. Este avance represivo hacia los inmigrantes está en sintonía con la oleada continental y mundial de restricción a la libre movilidad de las personas. Un gobierno que levanta todas las restricciones para el ingreso y egreso de capitales especulativos que destruyen nuestra economía, restringe la libertad de quienes buscan un lugar donde vivir. Este es solo el comienzo, buscan endurece la Ley Migratoria. El senador justicialista Pichetto declaró hace unos días que en las próximas semanas podría elevar un proyecto al senado con este objetivo. El presidente ya salió a respaldar la iniciativa. Macri quiere su Ley de residencia para no ser menos que el gobierno conservador y asesino de Julio A. Roca.

Esto se da en un contexto regional que va en línea con las políticas xenófobas contra los inmigrantes de Trump y Bolsonaro. Macri quiere que la “Argentina vuelva al mundo”, al mundo de los poderosos. Ante la visita del G20, el gobierno prepara el terreno para mostrarle a los que manejan el mundo un país disciplinado. Ante el fracaso de su política su plan es generar consenso social, vía campañas mediáticas, estigmatizando a los pobres e inmigrantes para hacer pasar la represión. Culpar a los “vagos”, a los que vienen a “sacarle” el trabajo a los argentinos o que los inmigrantes “son todos narcotraficantes”. No oponemos rotundamente a esta política. Queremos un país abierto a las diferentes culturas de todo el mundo.

Si el gobierno persigue a los que luchan, es simplemente porque sus reclamos y sus denuncias son atendidos y escuchados por el conjunto del pueblo. No nos van a sacar de las calles!